ABUSO DE AUTORIDAD

INTRODUCCIÓN

            El abuso consiste en el uso excesivo, injusto, indebido, impropio de algo o de alguien. La autoridad por su parte, es el Poder, la potestad y la facultad de aquel que gobierna o que ejerce el mando.

             De esta manera, podemos acotar que el abuso de autoridad tiene lugar cuando un superior o dirigente se excede en el ejercicio de sus atribuciones frente a un subordinado o dependiente.

           Se puede decir que una persona tiene poder, si esa persona puede influir decisivamente en la realidad de otros.

             En sentido amplio, Administración Pública denota toda la actividad del

Estado, sea esta Legislativa, Ejecutiva y Judicial, por lo que puede ser considerada “como el Complejo de funciones ejercidas por los Órganos Estatales, en la consecución de Bienes colectivo” (Luis Bramont Arias), (Código Penal anotado). En consecuencia, atentan contra la Administración Pública en

general los delitos que impiden o perturban la organización y el desarrollo

normal de las actividades de los órganos públicos en el ejercicio de sus

funciones.

             El Doctor Fidel Rojas lo trata de definir en dos sentidos: objetivamente, como un conjunto de actividades llevadas a cabo por los agentes públicos, y que constituyen el desarrollo de la dinámica y de la función misma, y; subjetivamente, es el orden de órganos estatales, lo cual implica niveles, jerarquías, entidades, cargos y oficios limitados a sus competencias.

            En primer lugar, hay que tener en cuenta que quienes cometen este delito de abuso de autoridad necesariamente tienen que ser funcionarios públicos, es decir, tiene que ser un sujeto activo especial y para ello tenemos que tener en claro que son considerados funcionarios públicos. A nuestro criterio “el sujeto activo no sólo es el funcionario público o servidor que la ley lo determina así, sino cualquier ciudadano en particular que para efectos del derecho penal, la ley le da esta categoría”. Son aquellos considerados así por la ley o por elección popular (caso de los alcaldes, gobernadores, Presidentes del Estado, entre otros) o por nombramiento de autoridad competente, participe el ejercicio de sus funciones. Se consideran funcionarios o servidores públicos a las siguientes personas:

1.- Los que están comprendidos en la carrera administrativa.

2.- Los que desempeñan cargos políticos o de confianza, incluso si emanan de elección popular.

3.- Todo aquel que independientemente al Régimen Laboral en que se encuentra, mantiene vinculo laboral o contractual de cualquier naturaleza con entidades u órganos del Estado y que en virtud de ello ejerce funciones en dichas entidades u órganos.

4.- Los administradores y depositarios de caudales embargados o depositados por autoridad competente, aunque pertenezcan a particulares.

5.- Los miembros de la Fuerza Armada y la Policía Nacional.

6.- Los demás indicados por la Constitución política y la ley.

            En los delitos cometidos por funcionarios públicos, tenemos los delitos de concusión (exacción ilegal, colusión ilegal, colusión desleal, patrocinio incompatible), peculado (malversación, demora injustificada de pago, retención indebida de cosas, sujetos equiparados), corrupción de funcionarios (cohecho propio, cohecho impropio, negociaciones incompatibles), y -el delito al que está dedicado este trabajo- abuso de autoridad (incumplimiento de deberes, prevaricato, cohecho, tráfico de influencias, malversación, corrupción política).

ABUSO DE AUTORIDAD

            El abuso de autoridad es reconocido en figuras que ostentan poder físico en la sociedad.

            Según los estudiosos de las leyes, en el Derecho Administrativo y como concepto comúnmente empleado, el abuso de autoridad, o sus equivalentes, como abuso de poder o abuso de las funciones públicas; es el ejercicio abusivo de dichas funciones públicas. El Derecho Penal contempla el abuso de autoridad en sentido lato, como la figura delictiva que comete quien investido de poderes públicos realice en su gestión actos contrarios a los deberes que le impone la ley, por lo que aflige la libertad de las personas, las intimida o de cualquier manera les causa vejámenes, agravios morales o materiales.

            En sentido estricto, se entiende como el delito doloso que comete el que actuando en calidad de funcionario público dictare resoluciones u órdenes contrarias a las Constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutase las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere. El sujeto pasivo de este delito es la administración pública, y no es necesario que se le haya causado un daño material.

            Este delito tiene varios subtipos entre los que cabe destacar a los siguientes:

Prevaricación (prevaricato).-

            Es un delito que consiste en que una autoridad, un juez u otro funcionario público dicte una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial, a sabiendas de que ésta es injusta, es decir, que debe existir dolo. Para que este delito sea punible, debe ser cometido por un funcionario o un juez en ejercicio de sus competencias.

Cohecho (coloquialmente “coima” o “soborno”).-

             Este delito consiste en que una autoridad o funcionario público acepta o solicita una dádiva a cambio de realizar u omitir un acto.

             El cohecho es simple si el funcionario acepta una remuneración para cumplir con un acto debido por su función o calificado si recibe una dádiva para obstaculizar el cumplimiento de un acto o para no llevarlo a cabo, ya sea dicho acto constitutivo o no de delito. Por ejemplo: un automovilista puede sobornar a un oficial de la policía para no extenderle un parte por exceso de velocidad, un ciudadano que realiza trámites puede sobornar a un empleado público por un servicio más rápido, una compañía constructora puede sobornar a un funcionario para conceder un contrato, entre otros.

             El cohecho es entre particulares si se ofrecen dádivas entre éstos para obtener que el sobornado realice un acto u omisión ilegítimo. Por ejemplo: el empleador de una empresa privada que acepte la dádiva de un tercero para inclinar en su favor una decisión de su empleador como ser la concreción de un contrato.

             Las legislaciones pueden o no considerar esta conducta como delito penal, y si lo hacen el bien protegido seria el derecho de propiedad. Desde el punto de vista laboral, la aceptación o exigencia de un soborno constituye una falta laboral grave.

             La persona que ofrece la dádiva o que acepta el pedido de ella comete el delito de cohecho pasivo.

             En este delito se considera que el bien tutelado es la administración pública.

Tráfico de influencias.-

            Es la habilidad de ejercer poder (en cualquiera de sus formas) sobre alguien, de parte de una persona, un grupo o de un acontecimiento en particular.

            En la sociedad, la influencia se presenta en las interrelaciones de agentes humanos y se muestra claramente en los cambios de actitud que presenta un determinado grupo de personas a las cuales va dirigida, teniendo en cuenta el grado de los cambios determinando así el grado de influencia ejercida. En el desarrollo de la influencia se presentan distintos factores que permiten su realización, como los recursos políticos que se cuenten, y la habilidad de persuasión y disuasión.

            Los métodos que utiliza son flexibles, entre los cuales se destaca el poder de convencimiento, para su aceptación y deja a criterio del sujeto si decide aceptarlo o rechazarlo.

            Según la teoría organizacional se dice que en cierta organización se manifiesta cuando en la relación de agentes humanos surge un líder que por carisma o por presión ante el mandato de una autoridad formal, es capaz de incidir en el accionar de uno o más individuos, quienes se acogen a las decisiones que el líder puede tomar.

            En un ámbito nacional, la influencia es el ejercicio del poder político por un individuo o un grupo dentro de la sociedad. No necesariamente lo detentan las autoridades formales que gobiernan, pues también existen élites que, en una natural y constante lucha por el poder, influencian a vastos sectores de la sociedad. Sin ir más lejos, la opinión pública de un país es capaz de influir en la política gubernamental al instalar sus demandas en la agenda.

            Por razones analíticas, cientistas políticos como I. C. Macmillan, han establecido diferencias entre poder e influencia. Poder es la capacidad de reestructurar las situaciones actuales, mientras que influencia sería la capacidad de controlar y modificar las percepciones de los demás.

Malversación de fondos públicos.-

            Se considera malversación de caudales a la sustracción de efectos públicos, o el consentimiento para que ésta se verifique, o la aplicación de éstos para uso propio o ajeno por parte de quien los tenga a su cargo.

Corrupción política.-

            En términos generales, la corrupción política es el mal uso público (gubernamental) del poder para conseguir una ventaja ilegítima, generalmente secreta o privada. El término opuesto a corrupción política es transparencia. Por esta razón se puede hablar del nivel de corrupción o transparencia de un Estado o Nación, el cual se ejerce por discrepancia. Sayed y Bruce (1998) definen la corrupción como “el mal uso o el abuso del poder político para beneficio personal y privado”, entendiendo que este fenómeno no se limita a funcionarios públicos.  Por lo general se apunta a los gobernantes o a los funcionarios elegidos o nombrados, que se dedican para aprovechar los recursos del Estado para enriquecerse.

            El concepto de corrupción difiere dependiendo del Estado o la jurisdicción. Lo cierto es que las prácticas políticas pueden ser legales en un lugar e ilegales en otros. En algunos países, la policía y los fiscales deben mantener la discreción sobre a quién arrestan o acusan, y la línea entre discreción y corrupción puede ser difícil de dibujar. En países con fuertes intereses de grupos políticos, las prácticas de corrupción se dan con más facilidad.

            La corrupción política es una realidad mundial; su nivel de tolerancia o de combate evidencia la madurez política de un país. Por esta misma razón existen entidades nacionales e internacionales, oficiales y privadas, con la misión de supervisar el nivel de corrupción administrativa internacional, como es el caso de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de los Estados Americanos (OEA) y Transparencia Internacional. Además la corrupción no es responsabilidad del sector oficial o del gobierno de turno, sino que incluye muy especialmente al sector privado, en cuyo caso se puede hablar de corrupción empresarial o tráfico de influencias entre el sector privado y el público. En muchos países, como en los de Latinoamérica, dicho sector tiene una gran influencia estatal y por lo tanto el nivel de corrupción presente en esos países tiene mucho que ver con la manera en la que se comporta el sector privado en conjunto con los sistemas políticos.

            Una situación de corrupción política sin restricciones se conoce como cleptocracia, término que significa literalmente "gobierno por ladrones".

            Las causas de éstas pueden ser endógenas (internas) o exógenas (externas):

            Entre las muchas causas endógenas (las que tienen que ver con el individuo) podemos enlistar las siguientes:

• Falta de valores humanistas
• Carencia de una conciencia social
• Falta de educación
• Desconocimiento legal
• Baja autoestima
• Paradigmas distorsionados y negativos (materialistas)

            Como elementos exógenos de la corrupción (los que dependen de la sociedad), tenemos:

• Impunidad en los actos de corrupción
• Modelos sociales que transmiten antivalores (valores negativos)
• Excesivo poder discrecional del funcionario público
• Concentración de poderes y de decisión en ciertas actividades del gobierno.
• Soborno internacional
• Control económico o legal sobre los medios de comunicación que impiden se expongan a la luz pública los casos de corrupción
• Salarios demasiado bajos
• Falta de transparencia en la información concerniente a la utilización de los fondos públicos y de los procesos de decisión
• Poca eficiencia de la administración pública
• Extrema complejidad del sistema.

            La corrupción hace peligrar seriamente el desarrollo de un país. En el terreno político socava la democracia y el buen gobierno ya que supone un desacato e incluso una subversión de los procesos formales. La corrupción en las elecciones y en los cuerpos legislativos los convierte en más irresponsables y distorsiona la representatividad de las políticas diseñadas; en el terreno judicial, la corrupción pone en entredicho el imperio de la ley o estado de derecho; y en las administraciones públicas da como resultado una ineficiente provisión de servicios.

            De un modo más general, la corrupción erosiona la capacidad institucional del gobierno, ya que se desprecian los procedimientos, se desvían los recursos y se venden y compran los puestos y cargos públicos. Al mismo tiempo, la corrupción socava y mina la legitimidad del gobierno y también los valores democráticos, tales como la confiabilidad y la tolerancia.

            La corrupción mina el desarrollo económico ya que genera ineficiencia y distorsiones considerables. En el sector privado, la corrupción incrementa el coste de los negocios y actividades empresariales ya que a éste hay que sumar el precio de los propios desembolsos ilícitos, el coste del manejo de las negociaciones con los cargos públicos y el riesgo de incumplimiento de los acuerdos o de detección. Aunque hay quien argumenta que la corrupción reduce los costes al sortear una posible burocracia excesiva, la disponibilidad de sobornos puede inducir también a los cargos públicos a inventar nuevas reglas y retrasos. Eliminar abiertamente las regulaciones costosas y prolongadas es mejor que permitir encubiertamente que sean sorteadas utilizando sobornos. Allí donde la corrupción infla el coste de los negocios, también distorsiona el terreno de juego, blindando a las firmas con conexiones frente a las competidoras, sustentando, en consecuencia, a empresas ineficientes.

            La corrupción también genera distorsiones en el sector público al desviarse inversiones públicas a proyectos de capital en los que los sobornos y mordidas son más abundantes. Los funcionarios pueden incrementar la complejidad de los proyectos del sector público para ocultar o allanar el camino para tales tratos, distorsionando de este modo todavía más la inversión.

            La corrupción también hace descender el cumplimiento de las regulaciones relacionadas con la construcción, el medio ambiente u otras, reduce la calidad de los servicios e infraestructura gubernamentales e incrementa las presiones presupuestarias sobre el gobierno, así como también facilita la destrucción medioambiental. Los países corruptos pueden tener formalmente una legislación destinada a la protección del medio ambiente, pero no puede ser ejecutada si los encargados de que se cumpla son fácilmente sobornados. Lo mismo puede aplicarse para los derechos sociales, la protección laboral, la sindicación y la prevención del trabajo infantil. La violación de estos derechos legales permite a los países corruptos ganar una ventaja económica ilegítima en los mercados internacionales.

            Está en aumento la escala de la ayuda humanitaria a las regiones pobres e inestables del mundo, pero es muy vulnerable a la corrupción, siendo la ayuda alimentaria, a la construcción y otras ayudas valiosas las que están sometidas a mayor riesgo. La ayuda alimentaria puede ser desviada de su destino intencional directa y físicamente, o indirectamente a través de la manipulación de las evaluaciones de necesidades, registro y distribución para favorecer a ciertos grupos o individuos.

            La corrupción no es específica de los países pobres, en desarrollo o en transición. En los países del oeste de Europa han habido casos de sobornos y otras formas de corrupción en todos los campos posibles: por ejemplo, desembolsos "debajo de la mesa" efectuados a cirujanos reputados por pacientes con la intención de que se les adelante su posición en las listas de espera, sobornos pagados por suministradores a la industria del automóvil para que se incluyan conectores de baja calidad por ejemplo en equipamientos de seguridad, como airabas, sobornos pagados por suministradores de desfibriladores, (para vender condensadores eléctricos de escasa capacidad), contribuciones pagadas por parientes ricos al "fondo social y cultural" de una universidad prestigiosa a cambio de la aceptación de sus hijos como alumnos, sobornos pagados para obtener diplomas, ventajas financieras y de otro tipo ofrecidas a los miembros del comité ejecutivo de un fabricante de automóviles a cambio de posiciones favorables a empleados y votos, entre otros … Estas variadas manifestaciones de corrupción pueden en última instancia suponer un peligro para la salud pública o pueden producir descrédito en ciertas instituciones esenciales o relaciones sociales.

            La corrupción también puede afectar a los distintos componentes de las actividades deportivas, (árbitros, jugadores, personal médico y de laboratorio implicado en los controles anti-doping, miembros de la federación deportiva nacional y comités internacionales encargados de la decisión sobre la situación de los contratos o lugares de competición).

            También ha habido procesos judiciales contra distintos tipos de organizaciones sin ánimo de lucro y ONGs, así como organizaciones religiosas.

            En última instancia, la distinción entre la corrupción del sector público y privado a veces parece un tanto artificial, y las iniciativas nacionales anti-corrupción pueden necesitar evitar las lagunas jurídicas y legales en la cobertura de los instrumentos.

            Todos los tipos de gobiernos son susceptibles a la corrupción política. Las formas de corrupción varían pero las más comunes son el uso ilegítimo de   información privilegiada, el tráfico de influencias, el pucherazo, el patrocinio, sobornos, extorsiones, influencias, fraudes, malversación, la prevaricación, el caciquismo, el compadrazgo, la cooptación, el nepotismo y la impunidad. La corrupción facilita a menudo otro tipo de hechos criminales como el tráfico de drogas, el lavado de dinero y la prostitución ilegal; aunque no se restringe a estos crimenes organizados, y no siempre apoya o protege otros crímenes.

FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA.-

            En las épocas pasadas o bien, en nuestras antiguas legislaciones, los abusos de autoridad eran legales porque no se hacía nada contra ellos, es decir, se infringían derechos –tales como el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad personal- a pesar de la Constitución.

            En la actual época evitar tales abusos se trata de la defensa de los Derechos Humanos frente a la autoridad del Estado.

            La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su Título III, Capítulo III dedicado a los derechos civiles, establece que la violación de alguno de ellos por parte de los funcionarios públicos y funcionarias públicas, contraen una sanción de conformidad con la ley y dependiendo del caso.

            Los derechos civiles son: el derecho a la vida; derecho a la libertad personal, a la libertad de pensamientos, de cultos y de conciencia; derecho a la seguridad personal; a la inviolabilidad de domicilio –mientras no haya una orden judicial-; al libre movimiento por el territorio nacional; derecho a que ninguna pena impuesta a venezolanos sea la expulsión del país; derecho a la petición, a la asociación y a la reunión con fines lícitos y sin armas; derecho a la protección por parte del Estado, entre otros.

            Lógicamente, los seres humanos tenemos éstos e infinidades de derechos contemplados en la Constitución y las leyes, y el Estado tiene el deber de garantizarlos y protegerlos. Sin embargo, de igual forma; así como somos sujetos de derecho, también somos susceptibles de adquirir deberes y obligaciones.

            En este capítulo encontramos un artículo de mucha relevancia, como lo es el #49; el derecho al debido proceso; que otorga garantías tanto judiciales como administrativas para los ciudadanos.

            El ejercicio del Poder Público acarrea responsabilidad individual de los funcionarios público y las funcionarias públicas. El Poder Público es relativo a la Administración pública de la cual emanan los cargos de funcionarios públicos y los cuales, en algunos casos, abusan de ese poder. Se contempla en la Constitución que todo órgano que ejerza el Poder Público está sujeto a la misma y a su vez, define sus atribuciones dándole legalidad a los actos que se emitan regidos por la norma suprema.

            En el caso de que se dicte un acto en ejercicio del Poder Público y éste vaya contra las Constitución y los derechos que la misma garantiza, es considerado abuso de autoridad, quedando el acto nulo; y, los funcionarios que hayan ordenado o ejecutado tal acto, incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa –según los casos- sin que le sirvan de excusa órdenes superiores.

CONCLUSIÓN

            El abuso de poder o de autoridad es la principal fuente de maldad moral y de la corrupción moral. Esta maldad comienza a existir cuando alguien se rehúsa a aceptar responsabilidad por el bienestar de otros, especialmente por el bienestar de aquéllos naturalmente bajo su cargo.

            Autoridad es poder que proviene de un acuerdo o convención social, como por ejemplo las leyes o las costumbres de un grupo, tal como un Estado o una organización. Es la capacidad que tiene alguien de imponerse sobre otro, ya sea por su posición social, fuerza, conocimiento, tecnología, armas, riqueza, o la confianza que tienen en él o ella, utilizan ese poder injustificadamente para explotar o dañar a otros, o mediante su falta de acción permite que éstos otros sean explotados o dañados.

            Lógicamente, quien no tiene un determinado poder no puede abusar de él. También podemos deducir de lo anterior que el abuso de autoridad ejercido por cada uno de nosotros atenta la ética y la moral que como seres humanos nos debería distinguir.

            El aprovecharnos de nuestro poder como profesionales nos desacredita también en el ámbito personal debido a que lo utilizamos para nuestro propio beneficio sin pensar en los demás y a los que les servimos.

            Este comportamiento puede ser causado también cuando la autoridad quiere respeto y necesita que los demás ciudadanos menores a él se lo deban. Allí hace uso erróneo de su cargo y dicta actos fuera de sus atribuciones para demostrar que él tiene poder sobre sus inferiores; es decir, se impone pero pisar más fuerte no es tener valor.

            Cabe destacar también, que todo trabajador tiene un superior y a él debe rendir cuentas. Sin embargo, si se comete el delito de abusar del poder que se tenga por orden de un superior, de igual forma el funcionario que dictó el acto injusto pagará por ello.

            Una efectiva protección de los derechos humanos requiere de un Estado de derecho construido sobre un escenario de libertad, igualdad y legalidad, provisto de medios aptos para su defensa. Sólo así, la justicia podrá perfeccionar el orden jurídico que rige a una nación y a sus gobernantes.

        

  

 LOS ANTOJOS DEL SOBERANO

   

                               COHECHO

Índice de Percepción de Corrupción Mundial

            La organización internacional Transparencia Internacional publica desde 1995  el Índice de percepción de la corrupción que mide, en una escala de cero (percepción de muy corrupto) a diez (percepción de ausencia de corrupción), los niveles de percepción de corrupción en el sector público en un país determinado y consiste en un índice compuesto, que se basa en diversas encuestas a expertos y empresas. La organización define la corrupción como «el abuso del poder encomendado para beneficio personal».

            Este índice está basado en sondeos, los resultados son subjetivos y son menos fiables en países de los que se extraen menos fuentes. Además, lo que se define legalmente (o se percibe) como corrupción difiere según la jurisdicción: por ejemplo, una donación pública puede ser legal en unas jurisdicciones pero ilegal en otras; una acción considerada aceptable en un país como puede ser el dar una propina puede considerarse un soborno en otro.

            Las estadísticas como ésta son, por naturaleza, imprecisas, y los datos de distintos años no son necesariamente comparables debido a cambios en las muestras y en la metodología empleada. 

BIBLIOGRAFÍA

www.wikipedia.org

definición.de

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela